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COCETA y UECoE reclaman mayor atención y cuidado a la educación cooperativa por parte de las Administraciones Públicas

“Los centros cooperativos prestan un servicio público desde la garantía de una gestión colectiva guiada por los principios y valores del cooperativismo”

13/10/2020

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo (COCETA) y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) reclaman mayor atención y cuidado de las Administraciones Públicas a la enseñanza cooperativa. Según afirman en un comunicado conjunto hecho público por ambas entidades, los centros cooperativos, que en la mayoría de los casos son cooperativas de trabajo asociado, prestan un servicio público desde la garantía de una gestión colectiva guiada por los principios y valores del cooperativismo. Esto se traduce en una enseñanza de calidad que está haciendo esfuerzos ímprobos por adaptarse a la situación devenida por la pandemia, y que se está viendo estrangulada en muchas comunidades, donde no recibe el apoyo de los gobiernos con competencias en materia educativa, poniendo a los centros y a toda la comunidad educativa que albergan al límite de su supervivencia. Algo incongruente, puesto que son centros concertados sostenidos con recursos públicos, que forman a casi 300.000 alumnos y soportan unos 40.000 empleos. Dejarlos atrás es un grave error y una torpeza.

¿Por qué defendemos la enseñanza en régimen cooperativo? Como entidades representantes a nivel estatal de las cooperativas de trabajo (COCETA) y de las sociedades cooperativas de enseñanza (UECoE), el cooperativo es nuestro ideal de modelo empresarial y entendemos que todas las virtudes del cooperativismo se practican y transmiten en los centros de enseñanza cooperativa. Son laboratorios vivos en los que la pluralidad de ideas, la interculturalidad, la cohesión social, la igualdad y la democracia participativa son una realidad. Además, la gestión colectiva basada en principios que conllevan un compromiso ético con la ciudadanía se traduce en proyectos educativos singulares que, por supuesto, tienen como valor central a las personas.

Si la responsabilidad de las Administraciones Públicas es gestionar y hacer políticas que mejoren la sociedad, en materia educativa no se pueden olvidar los centros educativos en régimen de cooperativa, donde se forman, desde la innovación para la transformación social, la laicidad y la libertad de expresión, ciudadanas y ciudadanos responsables y emprendedores.

La pandemia devenida por la brutal irrupción de la Covid-19 ha puesto de manifiesto muchas de las carencias de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, en materia de educación telemática o a distancia. También ha condicionado a los centros escolares desde el punto de vista de la mayor seguridad e higiene para evitar los contagios y brotes en los mismos. Los centros gestionados por cooperativas han hecho y están haciendo esfuerzos por encima de sus posibilidades para garantizar las mejores condiciones en la educación presencial, así como en la telemática, dado que el contexto actual nos dice que, al menos durante un tiempo, va a tener que combinarse, dando la mayor calidad en ambas facetas y siempre poniendo por delante los intereses del alumnado. Los y las cooperativistas que hacen posible un servicio público como el de la enseñanza cooperativa concertada, y que a su vez han hecho de este proyecto su forma de vida, necesitan un acompañamiento y ayuda por parte de las Administraciones que en muchos casos no se está dando, y desde COCETA y UECoE reclamamos, puesto que es su obligación.

Porque, a las bondades de la educación pública, la gestión colectiva cooperativa le suma un plus de compromiso con el proyecto por parte de las personas socias, dado que son los propios docentes, personal no docente y de servicios, e incluso madres y padres de alumnos quienes lo deciden, practican y sostienen, enriqueciendo desde la sociedad civil la experiencia educativa. Esto también la diferencia del resto de centros concertados. Asimismo, aporta soluciones a problemas específicos de la educación, avanzando en alternativas válidas.

Si bien se ha escuchado a las cooperativas de enseñanza por parte de las distintas Administraciones Públicas (desde el Ministerio de Educación y en las distintas Consejerías), no se han atendido en todos los casos sus demandas. Porque, aunque hablamos de centros concertados, la casuística de los centros de gestión cooperativa es específica, por lo que su tratamiento también requiere ser diferenciado de otros centros sostenidos con fondos públicos, actuando, precisamente, como señala la legislación vigente, reflejada en la propia Constitución Española (Artículo 129.2) o en la Ley 5/2011 de Economía Social. Es lo que reclamamos desde UECoE y COCETA, el trato jurídico diferenciado tanto de los centros de titularidad pública, como del resto de centros concertados, acorde con la naturaleza híbrida de la educación gestionada por cooperativas, dando respuesta a sus demandas, acentuadas por la pandemia.



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